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**Encuestas en jaque: Colombia redefine las reglas del juego electoral**
El pulso electoral en Colombia cambia de ritmo. El Congreso aprobó una ley que modifica, y no sin controversia, la regulación de las encuestas políticas en el país. A partir de ahora, las mediciones sobre intención de voto tendrán una ventana más estrecha para ser publicadas: solo podrán aparecer desde tres meses antes del inicio oficial de la inscripción de candidaturas, lo que para las elecciones presidenciales de 2026 significa desde el 31 de octubre de 2025.
Las senadoras Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico) lideraron esta iniciativa con la intención declarada de poner un freno a la «precampaña a destiempo» y modernizar una regulación que no había sido revisada en más de treinta años. Pero el alcance va más allá de las fechas. Se imponen también exigencias técnicas estrictas: las encuestas nacionales deberán mostrar un margen de error menor al 3%, y las regionales no podrán superar el 5%. Además, las encuestadoras estarán obligadas a publicar los microdatos anónimos, el método de muestreo y a depositar toda esta información en un repositorio público que manejará el Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad que además creará una Comisión Técnica y de Vigilancia integrada por expertos de universidades acreditadas en estadística.
El objetivo, según las promotoras, es elevar los estándares de calidad técnica y garantizar una mayor transparencia para recuperar la confianza de una ciudadanía que observa con escepticismo estos instrumentos, que en la última década han sido foco de discusión y desconfianza. La nueva ley busca evitar la manipulación anticipada del electorado a través de encuestas aparentemente favorables a algunas precandidaturas.
No obstante, el cambio ha generado inquietud en los encuestadores y analistas políticos. Algunos advierten que limitar el calendario de publicación no solo reduce la información disponible para los votantes, sino que puede favorecer prácticas opacas y concentrar aún más el poder en manos de actores políticos y económicos con acceso a datos no públicos. Otros cuestionan si un margen de error del 3% es viable para mediciones con muestra representativa en un país tan diverso y desigual.
La reforma abre preguntas sobre el delicado equilibrio entre regulación, libertad de expresión y transparencia. ¿Podrá el CNE garantizar que esta supervisión técnica no derive en censura o en un nuevo tipo de oscurantismo electoral? ¿Qué implicaciones tendrá esta ley para el pulso político en los próximos meses, cuando las campañas empiecen a asomar con discreción? Y, sobre todo, ¿logrará Colombia fortalecer su democracia sin sacrificar uno de los termómetros más sensibles de la opinión pública?
La ley entra en vigor tras la firma presidencial, justo cuando el país comienza a alistar un calendario electoral que se perfila más ajustado y vigilado que nunca. El reloj político ya avanza con nuevos tiempos y reglas. El futuro de las encuestas y su papel en la construcción de la opinión pública queda, por ahora, en una delicada encrucijada.
