📸 Cortesía: El Tiempo
¿Valorizar después de la obra? No más.
Este miércoles 9 de julio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia puso un alto a la intención del Gobierno nacional de cobrar la contribución de valorización sobre la Vía al Mar, el corredor vial entre Barranquilla y Cartagena, incluso hasta cinco años después de que la infraestructura iniciara operaciones. La decisión declara inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, que habilitaba esta práctica, concebida como un plan piloto con ambición nacional.
El fallo de la Sala Plena fue claro: la norma legal, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, violaba el principio de unidad de materia, un pilar de la jurisprudencia que exige una relación directa y específica entre las disposiciones normativas y el objeto del plan. La Corte advirtió que no existía esa conexión transparente ni en términos tributarios ni en el debate democrático, condiciones esenciales para este tipo de impuestos.
La controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando el senador Mauricio Gómez Amín presentó la demanda contra la ampliación silenciosa del plazo para cobrar esta contribución. Según el congresista, la medida ponía en entredicho la seguridad jurídica de los contribuyentes y abría la puerta a posibles abusos administrativos. “Lo que se logró frenar ahora fue un intento de extender el plazo de cobro de manera silenciosa, abriendo la puerta a abusos administrativos”, sostuvo el senador en un comunicado.
Con esta sentencia, la Corte reestablece el segundo inciso del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, que limita el cobro de valorización a los momentos previos o durante la ejecución de la obra, prohibiendo que se aplique una vez el proyecto está en funcionamiento. Esto implica que el Gobierno no podrá recaudar este impuesto sobre la Vía al Mar, ni en otras carreteras ya terminadas que pretendan esquivar esta restricción.
El trasfondo es una batalla que va más allá del simple cobro: habla de la confianza en las instituciones, de la transparencia en el manejo de recursos públicos y del respeto a los derechos ciudadanos frente a impuestos cuya imposición se dilata en el tiempo y se torna difusa. Una victoria para quienes reclaman claridad y límites firmes en la contribución de valorización, pero también una pregunta latente: ¿qué otros mecanismos surgirán para financiar las obras que la nación necesita sin vulnerar la seguridad jurídica?
