📸 Cortesía: Presidencia / E.P.S. Sanitas
¿INTERVENCIÓN QUE SE DESVANECE? LA CORTE FRENA LA MANO DEL ESTADO SOBRE SANITAS
La noche del 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional de Colombia rompió el silencio y dejó sin efecto la intervención administrativa que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) había ordenado sobre la EPS Sanitas. Esta decisión, contenida en la Sentencia SU-277/25, responde a una acción de tutela presentada por el grupo español Keralty, dueño de Sanitas, que denunció la vulneración del derecho fundamental al debido proceso durante la toma de control estatal.
El epicentro del conflicto se sitúa en abril de 2024, cuando la Supersalud, bajo el mando del Gobierno de Gustavo Petro, intervino la segunda EPS más grande del país, que atiende a cerca de 5,8 millones de afiliados. Sin embargo, la Corte encontró que esta acción se fundamentó en una interpretación defectuosa del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Más aún, la autoridad no tomó en cuenta las directrices previas de la misma Corte, específicamente las contenidas en la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de seguimiento, que establecen parámetros claros para la evaluación financiera y la supervisión del sector salud en Colombia.
Sanitas, por su parte, había denunciado desde el inicio múltiples irregularidades en el proceso de intervención. El grupo Keralty describió la maniobra como una estrategia premeditada y arbitraria, que además provocó un daño profundo a la entidad, dejándola “devastada” tanto en su estructura institucional como en sus finanzas. La decisión de la Corte, al ordenar la restitución inmediata del control a Keralty, golpea con fuerza al Gobierno, señalado ahora de haber abusado de su poder mediante una intervención desproporcionada e ilegal.
En palabras de Keralty, la estrategia estatal buscó “desestabilizar una empresa sólida desde lo institucional y financiero”, y aunque la restitución intentaría reparar ese daño, nada garantiza que el perjuicio ocasionado pueda revertirse completamente. La Supersalud, por su parte, enfrenta cuestionamientos severos sobre la legalidad y eficacia de sus mecanismos de control, en un contexto donde la confianza en las instituciones de salud está erosionada.
Esta decisión abre un abanico de interrogantes sobre el futuro del sistema de salud colombiano. ¿Podrá el Estado garantizar una supervisión efectiva sin caer en decisiones arbitrarias? ¿Qué garantías existen para respetar los derechos de las entidades y, sobre todo, de sus usuarios? La incertidumbre no solo ronda la salud financiera de Sanitas, sino también la legitimidad con la que se ejerce el control público en uno de los sectores más sensibles para la sociedad.
Mientras el país digiere esta sentencia, la batalla por la salud pública deja en evidencia que, a menudo, las disputas legales son también conflictos donde el poder y los derechos fundamentales se enfrentan sin un claro vencedor. Y en medio de estas complejidades permanece el paciente, esperando que los ecos de este fallo transformen la realidad y no queden simplemente en un triunfo judicial.
