📸 Imagen cortesía: Joel González – Presidencia de la República
**¿Indulto o amnistía? La sombra que divide a Colombia**
Una frase: “Soy miembro indultado del M-19”.
Bogotá, 31 de julio de 2025. Una nueva polémica sacude al país en torno al pasado rebelde del presidente Gustavo Petro. ¿Fue indultado o no tras su desmovilización del Movimiento 19 de Abril, el M-19? Este interrogante, aparentemente burocrático, ha encendido la polarización política y recrudecido viejas heridas en el debate nacional.
El foco estalló días atrás, cuando Petro publicó en su cuenta oficial un documento del Ministerio de Justicia fechado el 27 de marzo de 2018. Según el mandatario, este texto ratifica que no ha sido “indultado ni amnistiado, porque nunca me condenaron por delito alguno”. La frase busca desmarcarlo de cualquier reproche judicial, subrayando que no existió una condena que precisara un indulto individual.
Pero la controversia se reavivó el mismo 31 de julio, cuando opositores emblemáticos como Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal presentaron documentos contrarios. Entre ellos, un certificado firmado por Petro en 1991 que dice textualmente: “Soy miembro indultado del M-19”. Este hecho dejó más preguntas que certezas y sembró dudas sobre la naturaleza exacta del beneficio legal que habría recibido.
¿La clave? Petro y sus defensores sostienen que, aunque nunca fue condenado, sí hizo parte de un indulto o amnistía colectiva concedida al grupo guerrillero M-19 por el Decreto 206 de 1990 y la Ley 77 de 1989. Expertos y aliados citan certificaciones oficiales que niegan un indulto individual, pero reconocen que los excombatientes gozaron de amnistías generalizadas como parte del proceso de paz y reinserción.
Desde el bando crítico, figuras como la abogada Carolina Restrepo y el periodista Yesid Lancheros, o el exabogado de Petro Rafael Barrios Mendivil, se aferran a la interpretación literal del documento firmado por Petro, percibiéndolo como un reconocimiento público del indulto. Para Barrios Mendivil, la justicia colombiana no ampara la idea de que este término haya sido mal empleado o interpretado.
Este debate no es solo semántico. Más allá de un papel firmado o un decreto, revela las heridas profundas que aún persisten tras años de conflicto armado y los intentos de reconciliación nacional. ¿Cómo ajustar verdad, justicia y memoria cuando los símbolos se vuelven trampas de la política? Petro, que se reivindica exguerrillero sin condenas, enfrenta una batalla que trasciende lo legal y asoma a la imagen política en un país esquizofrénico con su propia historia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa, dividida y expectante. ¿Será este capítulo un escollo para el proceso de paz que Petro promueve o simplemente otro episodio en la larga saga de polarización colombiana? La respuesta parece dilatarse entre las páginas de documentos y palabras que se cruzan, pero el país sabe que más que una disputa jurídica, esto habla de la confianza erosionada y del anhelo por un relato compartido.
Porque, al final, no solo importa si hubo o no un indulto. Importa cómo se construye la verdad en un país que busca, aún entre sombras, desvanecer el dolor del pasado. ¿Podrá Colombia superar este choque de interpretaciones para avanzar hacia esa ansiada reconciliación? La incógnita sigue abierta, con el peso de la historia sobre sus hombros.
