📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Guillermo Alfonso Jaramillo
¿Salud en juego? La reforma que divide a Colombia
Este viernes 26 de septiembre de 2025, el Ministerio de Salud de Colombia lanzó una dura advertencia contra la ponencia alternativa de la reforma a la salud discutida en el Congreso.
El Gobierno denunció que esta propuesta, alimentada desde sectores del Senado, favorecería de manera desmedida a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que podrían recibir más de 60 billones de pesos en los próximos cinco años. Esto, alertan las autoridades, pondría en riesgo la atención primaria, los hospitales públicos, los pacientes y los trabajadores del sector, pilares fundamentales del sistema sanitario colombiano.
La controversia escaló tras la publicación oficial de un decreto por parte del Ministerio de Salud, que busca desarrollar los aspectos centrales de la reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, desde el Gobierno se sostiene que la alternativa del Senado debilitaría la red hospitalaria pública y desmantelaría la atención primaria, en abierta contradicción con la intención oficial de reforzar estos servicios, particularmente mediante la creación de nuevos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) que atiendan a las comunidades directamente en sus territorios.
El Ministerio defendió su decreto como una herramienta alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, entendida como un paso necesario para avanzar en las transformaciones estructurales del sistema, aun cuando el consenso legislativo aún no se ha logrado.
Este debate no queda solo en el plano gubernamental. Un grupo de 16 expertos, incluidos siete exministros de Salud, emitió un comunicado donde califican el decreto como una “imposición unilateral” que agudiza la incertidumbre. Señalan que esta medida vulnera la división de poderes al soslayar el debate democrático indispensable para una reforma de esta magnitud. Además, advierten que el respaldo desde algunos sectores congresionales al modelo alternativo representa una transferencia desproporcionada de recursos hacia las EPS, sin claros mecanismos para garantizar eficiencia y equidad, afectando así los principios históricos de universalidad y justicia que debería sostener el sistema colombiano.
Mientras el pulso legislativo se mantiene tenso y las posturas enfrentadas parecen irreconciliables, el país observa con inquietud cómo se define el futuro de un sistema de salud que toca a cada hogar colombiano.
¿Será posible llegar a un acuerdo que no deje vacíos ni favorezca intereses particulares? O, como la incertidumbre que acompaña esta reforma, ¿el sistema seguirá tambaleándose entre decretos y debates sin respuestas claras para quienes más dependen de él?
