📸 Imagen cortesía: Foto tomada de la cuenta de X de la Corte Constitucional
**¿Justicia en jaque por la reforma pensional?**
Un conjuez al rescate en la Corte
Este martes 4 de junio, la Corte Constitucional de Colombia se enfrenta a un reto inesperado que podría cambiar el rumbo de la decisión sobre la reforma pensional, un asunto de enorme trascendencia para millones de colombianos y para las finanzas públicas.
La senadora Paloma Valencia interpuso una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, miembro del alto tribunal encargado de estudiar la Ley 2381 de 2024, que busca reformar el sistema de pensiones. Valencia alega que Carvajal mantiene vínculos contractuales con Colpensiones, entidad estatal afectada directamente por la reforma, y además tuvo una cercanía previa con el presidente Gustavo Petro, habiendo sido su abogado. Estas circunstancias generan dudas fundadas sobre la imparcialidad del magistrado y han llevado a suspender de manera indefinida el análisis de fondo de la ley.
Carvajal, quien firmó contratos y emitió conceptos jurídicos para Colpensiones, ve ahora puesta a prueba su capacidad de actuar sin sesgos en un proceso que podría transformar la jubilación de millones de colombianos. La Corte ha pospuesto el estudio hasta resolver esta recusación, que será dilucidada en las próximas sesiones plenarias. Si prospera, un conjuez elegido por sorteo integrará el tribunal para tomar la decisión definitiva, un procedimiento poco común que ha despertado inquietudes sobre la legitimidad y transparencia del fallo.
Este impasse pone en evidencia la fragilidad institucional cuando intereses contratales y políticos se entrecruzan en casos de alto impacto social. La ciudadanía, expectante, observa cómo un episodio que parece técnico deriva en una crisis de confianza que amenaza con dilatar la aplicación urgente de reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
¿Podrá la justicia construir un camino limpio y apacible para este debate clave? La Corte deberá despejar sombras y permitir que la discusión avance sin sospechas, pues de ello depende no solo la vida de un magistrado, sino el bienestar presente y futuro de millones de colombianos. El reloj sigue corriendo, y el país espera respuestas.
