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# ¿Seguridad ignorada? La denuncia contra el director de la UNP por las alertas sobre Miguel Uribe Un silencio peligroso. Bogotá, 9 de junio de 2025. A solo dos días del atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial **Miguel Uribe Turbay**, su familia interpuso una denuncia penal que apunta directamente al corazón de la seguridad estatal: el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), **Augusto Rodríguez Ballesteros**. La acusación central es tan grave como sencilla: ignorar más de 23 solicitudes de reforzamiento de su protección durante el último año, incluida una solicitud vital presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del ataque. La denuncia fue revelada en una rueda de prensa en la Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay continúa hospitalizado con pronóstico reservado luego de recibir impactos de bala en la cabeza durante un acto público en Bogotá el pasado sábado 7 de junio. Víctor Mosquera, abogado de la familia, no dudó en señalar que esta omisión podría haber sido determinante para que el atentado se concretara. Desde 2023, la UNP había clasificado a Uribe Turbay con un nivel de **riesgo extraordinario**, una alerta que, según Mosquera, no fue acompañada de las acciones correspondientes. El cambio de estatus del senador a precandidato presidencial en octubre de 2024 exigía un reforzamiento urgente de las medidas de protección, que no se realizó. «Esto es muy grave, porque tenemos que identificar que fue por **omisión** que sucedieron estos hechos. Desde el 5 de junio se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad», enfatizó el abogado. Este pulso con la institucionalidad ya tiene respuesta de las autoridades. La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación para esclarecer responsabilidades y determinar si la falta de acciones concretas en la UNP fue un factor que erosionó la protección de uno de los rostros más visibles de la política nacional. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la seguridad de otros candidatos y autoridades continúa aumentando en un país que parece encender alertas, pero tropieza con la lentitud o la indiferencia institucional. ¿Podrá la justicia esclarecer hasta qué punto la negligencia institucional puso en riesgo la vida de un aspirante presidencial? El dolor y la incertidumbre siguen, como la sombra que acompaña cada bala disparada en la noche de Bogotá.
