La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recopilar toda la información relacionada con procesos disciplinarios en los batallones de la Tercera Brigada del Ejército, en Cauca y Nariño, contra soldados que presuntamente sostuvieron relaciones sexuales consentidas con mujeres indígenas, cuando en realidad las mujeres habrían sido víctimas de violaciones.
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Esta petición surge a raíz de declaraciones voluntarias de cuatro exmiembros de la Fuerza Pública que habrían violado una mujer indígena y la intimidaron para que no denunciara. La Procuraduría encontró una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares desvirtuados como relaciones sexuales consentidas en investigaciones internas disciplinarias.
La Procuraduría también pidió que se indague por la existencia de un posible patrón victimizante derivado de estos hechos; se investigue la violencia secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas; se determine cuáles fueron las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a denunciar y se identifique a los responsables.
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Además, se recordó la responsabilidad que le asiste a la JEP, como operador judicial, de promover la ejecución de una justicia que permita establecer medidas de no repetición para reducir la exposición a este tipo de acciones.
